por gentileza de Gastón Beltrán ^{(Sociólogo, docente U.B.A., investigador)
Trabajo publicado como resumen en "época, revista argentina de economía política".
(se recomienda bajar a disco o imprimir este archivo. La longitud total es de 16 páginas Legal aprox.)} 

"Yo no aspiro a ser el presidente de una fracción, de un grupo, de un sector, de una expresión política. Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida, que avance a pesar de las discrepancias. Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Peñaloza y Alberdi, de Pellegrini y de Irigoyen, de Perón y Balbín."

Carlos S. Menem, Discurso de asunción, 1989

 

El proceso de reformas estructurales llevado adelante durante el primer gobierno de Menem supuso una serie de transformaciones profundas para la sociedad argentina. Uno de los aspectos más relevantes de estas transformaciones, estuvo dado por un cambio significativo en el régimen social de acumulación. El régimen vigente hasta ese momento – aquel que se gestara durante la última dictadura militar – fue desplazado por otro, como resultado de la implementación de una serie de medidas desde el Estado, entre las que se destacaron la apertura, la desregulación y las privatizaciones (Azpiazu: 1994). Pero no fue hasta que el estallido hiperinflacionario que hizo pensar en el desmembramiento de la sociedad que estuvieron dadas las condiciones para la consolidación del nuevo régimen de acumulación. Quizás el problema de la Argentina de los ´80 era, en palabras de Halperín Donghi (1994), que se trataba de una sociedad "que había sufrido una erosión muy grande para que la restauración de su figura originaria fuera posible, pero no lo bastante completa como para que la transición hacia un perfil nuevo pudiera consumarse sin fuertes desgarramientos". Esa figura ambivalente, representada por la imposibilidad de volver atrás (es decir, retornar a las condiciones previas a 1976) y la incapacidad de definir un rumbo nuevo, estuvo presente durante toda la etapa de la transición democrática.

Una de las características salientes de este proceso de reformas estructurales fue que el mismo se produjo en plena vigencia – al menos formal – de la democracia, marcando una diferencia con otros procesos de cambio ocurridos anteriormente (como por ejemplo el que tuvo lugar durante la última dictadura militar). Esto supuso una modificación en la relación setentista entre regímenes autoritarios y posibilidades de cambios de gran envergadura, la cual descansa en suponer "que en la medida en que las reformas estructurales afectan intereses creados habrían de confrontarse a importantes resistencias sociales" (Torre: 1998). En medio del caos hiperinflacionario, la necesidad de salir de la crisis se planteó como necesaria a cualquier precio: nada podía ser peor que la hiperinflación. A su vez, este proceso favoreció la implementación de las futuras reformas estructurales, ya que estas eran aceptadas en tanto pudieran proveer una salida.

La forma en que los intereses de los sectores dominantes coinciden con las estrategias impulsadas desde el Estado para encontrar una salida a la crisis da cuenta del signo de la relación entre estos actores durante este período, al tiempo que constituye el mecanismo por excelencia por el cual los sectores dominantes logran imponer sus intereses particulares. Sin embargo - a diferencia de lo que había sucedido en experiencias similares anteriores - la adopción de los intereses de los sectores dominantes por parte del Estado no implicó una ruptura o una interrupción en los canales formales de representación de la democracia sino que, por el contrario, fueron puestos en práctica por un gobierno con amplios apoyos populares manifestados en los sucesivos triunfos electorales, otorgando a la aplicación de tales medidas un manto de legitimidad.

En este contexto, tanto el diagnóstico que indicaba que se había producido un agotamiento del modelo como las propuestas que demandaban cambios estructurales en la sociedad argentina dejaron de ser privativas de los sectores dominantes para pasar o ocupar el centro de las demandas frente al Estado. Pero dado que las configuraciones de poder de una sociedad dependen en gran medida del régimen de acumulación vigente en ella, la definición de éste afectará necesariamente a las posiciones de los diferentes sectores sociales; en otras palabras, un cambio en el régimen social de acumulación deberá necesariamente discriminar entre ganadores y perdedores.

Suponiendo que son las élites gubernamentales las que en última instancia llevan adelante las políticas de cambio y definen el rumbo del país ¿De dónde surgen los diagnósticos que toman como válidos para encarar las reformas? ¿Cuáles son los intereses en juego y cuáles son los que logran imponerse? La legitimidad de ciertos argumentos no depende de su cercanía a la verdad, sino de la capacidad de quienes los sostienen de hacerlos aparecer como válidos.

Si centramos nuestra atención en la capacidad de los sectores más poderosos de la economía de influir sobre el rumbo de la sociedad, podemos preguntarnos: ¿En qué medida estos sectores lograron articular sus intereses con los de la élite gubernamental e influir sobre sus decisiones? ¿En que medida las reformas encaradas desde el Estado respondieron a los intereses de estos sectores en detrimento de los demás sectores sociales? ¿Y cuál es el lugar que ocuparon en este proceso esos sectores desplazados?

El planteo de estas preguntas, nos conduce a pensar las relaciones entre el Estado y los sectores dominantes. En el momento de implementación de las reformas estructurales coexistieron un sector económico predominante con gran capacidad de veto sobre las políticas del gobierno y un Estado desmantelado en su estructura productiva y debilitado en su capacidad de gestión. Así, los acercamientos y rechazos, pero sobre todo las coincidencias entre ambos en torno a los objetivos generales y al nuevo régimen de acumulación que se quería instaurar, constituyen una de las posibles formas de comprender el proceso de reformas. Enfocando nuestra mirada sobre la actuación de los sectores dominantes en dicho momento de definiciones, lo que nos interesa resaltar es, mediante el análisis de sus manifestaciones ideológicas, la manera en que ejercieron su influencia sobre el Estado.

Las relaciones entre los empresarios y el Estado nunca son idénticas ni responden a las mismas lógicas. La forma que adopten estas relaciones dependen, entre otras cosas, de cómo estén dadas las condiciones para que unos y otro puedan alcanzar sus objetivos.

Del lado de los empresarios, el fin que estos persiguen es asegurar un orden que les permita la reproducción ampliada del capital; y el medio imprescindible para alcanzarlo es el Estado. El capitalismo no puede existir sin un Estado racional que establezca las reglas del juego o, si se quiere, el sistema capitalista no puede subsistir sin la existencia del Estado. De acuerdo con Weber (1964), el estado es "un instrumento político de actividad continuada en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legitimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente"; y ya que la empresa capitalista (que descansa ante todo en el cálculo) necesita una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente (al menos en principio), la existencia del Estado es condición necesaria para la existencia de la empresa capitalista.

Por parte de quienes administran el Estado – la élite gubernamental – el interés reside en lograr la estabilidad del orden institucional, "del cual derivan poder y autoridad" (Torre: 1998); es en este sentido, que se orientan las preferencias en materia de políticas públicas. En esta clave pueden ser interpretadas las acciones de las élites gubernamentales que resultan funcionales a diferentes sectores sociales; lo que éstas buscan de las alianzas de gobierno es el logro del orden institucional.

Así, puede pensarse que durante el período que estamos analizando se produjo una alianza entre ciertas fracciones de los sectores dominantes (aquellos más poderosos) y la élite gubernamental: para los empresarios era imprecindible que desde el Estado se implementaran una serie de medidas que aseguraran un nuevo régimen de acumulación que les fuera funcional; desde la élite gubernamental, ante un momento de profunda crisis económica y frente a un mercado desarticulado, la garantía de estabilidad institucional estaba dada por el apoyo de los sectores que mayor peso tenían en este campo.

La existencia de esas alianzas, fruto de una suerte de "complementariedad solidaria" entre el gobierno y los empresarios, supone la posibilidad de que los segundos logren influir sobre los primeros. La forma en que esta influencia se hace efectiva puede observarse en el momento crucial en que se llega a un consenso sobre el agotamiento de un régimen social de acumulación y se comienza a delinear uno nuevo; en dicho contexto, la naturaleza y la dirección del cambio a implementar dependerán del diagnóstico que se tenga de la crisis, así como de la prospectiva que se derive lógicamente de dicho diagnóstico.

Lo que se propone, por consiguiente, es analizar los discursos de los sectores dominantes entre 1987 y 1991, período en el cual se manifiesta el agotamiento del régimen anterior y se va configurando uno nuevo a los fines de identificar la lectura que dichos actores realizaron de la crisis a la vez que su propuesta de salida. Asimismo, se intente precisar la manera en que ambos (diagnóstico y prospectiva) se reflejaron en ciertas políticas públicas concretas impulsadas desde el Estado.

Como se dijo, el objetivo de este artículo es realizar una aproximación, desde una interpretación de los discursos de ciertos actores, de las relaciones existentes en el nivel ideológico entre los "sectores dominantes" y el Estado o, más específicamente, la manera en que ciertas posturas "clasistas" de estos sectores tuvieron eco en las políticas públicas – en particular en aquellas que hicieron al proceso de reformas – implementadas por la élite gubernamental. Sin embargo, establecer tales relaciones y encontrar indicadores adecuados en el nivel que nos hemos propuesto, no es tarea sencilla. Por consiguiente, este trabajo tiene un carácter más bien exploratorio; lo que nos propusimos ante todo fue encontrar ciertas conexiones de orden discursivo que nos permitieran comprender las motivaciones ante las cuales los sectores dominantes prestarían en plena crisis hiperinflacionaria su apoyo al gobierno, es decir, el proyecto de sociedad que se estaba proponiendo a través de sus manifestaciones. Del lado del gobierno, nos interesaba visualizar sobre que sustentos ideológicos se había desarrollado el proceso de reformas estructurales, pero sobre todo, cuál era el contexto en el que se llevaba a cabo la negociación política y cuál era –desde su lectura – la condición de posibilidad para mantener el orden institucional.

Respecto a las dificultades metodológicas mencionadas, las más destacables se presentaron al momento de definir a los actores que queríamos interrogar y las fuentes que utilizaríamos con este fin, es decir, al momento de construir nuestro objeto de estudio específico. Esto se debió a la complejidad que presenta la estrucura social argentina de los ´80, y en particular a la forma en que se estructuran las múltiples fracciones de los sectores dominantes. Si, como habíamos asumido siguiendo la hipótesis de Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), durante los años ´70 se había consolidado una nueva cúpula de poder económico liderada por los GGE y ET/ID, nos encontramos con que era sumamente difícil analizar diréctamente sus posiciones ideológicas; el problema al que nos enfrentamos era el de la inexistencia de una institución formalmente constituída que representara a estos actores y les sirviera de portavoz. Por lo tanto, el caráter "exploratorio" de este trabajo es al mismo tiempo "limitado", ya que se analiza tan sólo una fracción de los sectores dominantes.

El presente trabajo se circunscribe al análisis de las posiciones de dos de las entidades más tradicionales del empresariado argentino: la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina. La justificación de la elección de dichos actores es múltiple: a) en primer lugar, se trata en ambos casos de instituciones formalmente constituidas y con un fuerte arraigo en la sociedad argentina, lo cual no sólo las convierte en fuentes accesibles sino que nos permite también ubicar históricamente sus posiciones con cierta facilidad y poder discernir entre sus demandas de nivel coyuntural y aquellas más "estructurales"; b) en segundo lugar, ambas entidades son, más allá de la complejización y las mutaciones de la estructura social, representativas de ciertas fracciones de los sectores dominantes al tiempo que, tanto de manera fomal como informal, mantienen vínculos de cierta estrechez con el gobierno y constituyen un indiscutible grupo de presión; c) en tercer lugar, creemos que durante el período en el cuál se ubica nuestro trabajo (1987-1991) hubo fuertes consensos respecto a lo que la gran mayoría de los sectores dominantes demandaban al Estado y, sobre todo, respecto a la orientación que debía adoptar el cambio que se exigía. Los consensos alrededor de ciertas ideas que aquí aparecen verbalizadas por las entidades que hemos seleccionado, pueden corroborarse consultando diversas manifestaciones en medios periodísticos por representantes de diferentes sectores del empresariado.

En 1987 la economía argentina volvía a encauzarse en el camino de la inflación tras el fracaso del intento heterodoxo de estabilización del Plan Austral. El fracaso de este plan condujo al fortalecimiento de la creencia de que los problemas que aquejaban al país devenían de una crisis de características estructurales. En este marco, mientras el gobierno nacional perdía apoyos e intentaba tímidamente acercarse a una solución de reforma estructural - aunque aún pensada como una forma de sobrellevar la coyuntura - desde diversos sectores se expresaba la necesidad de impulsar de una vez las reformas profundas, las cuales eran presentadas, cada vez mayor insistencia como la única posible salida para el país.

De esta forma, desde los sectores dominantes se comenzaría a pregonar, cada vez con mayor claridad, la inescapable necesidad de realizar una serie de profundas transformaciones estructurales. Esta "propuesta" derivaba, lógicamente, de una particular lectura de la crisis, lectura que también se iría afianzando con el tiempo.

Las soluciones propuestas se asentaban en la una serie de medidas que se "sugerían" al gobierno para ser implementadas, las cuales formaban parte del núcleo de medidas históricamente demandado por estos sectores en virtud de su tradicional encuadre ideológico. Tal vez lo novedoso del planteo sobre la segunda mitad de los ´80 radicaba en su apoyo a las instituciones democráticas y en su intención de constituirse definitivamente en los interlocutores privilegiados de la élite gubernamental como medio para lograr sus objetivos.

Este nuevo "sentido democrático" que se trasluce en las posiciones de los sectores empresarios, se refleja en dos documentos publicados en 1987, uno por la Unión Industrial Argentina (mayo), el otro por la Sociedad Rural Argentina (julio). En ambos documentos se realizaba un análisis crítico de la situación de la economía nacional, llegándose a un diagnóstico y una prospectiva que tenían por objeto impulsar a través de medidas impulsadas por el gobierno un proceso de reformas estructurales que permitiera la consolidación de un régimen de acumulación centrado en las exportaciones. El "sentido democrático" que poseen ambos textos, lleva a presentar la crisis (y la necesidad de encontrar una salida mediante las soluciones que se proponen) como un flagelo que afectaba a toda la sociedad por igual, y lleva a presentar las demandas de reformas hechas al gobierno, como demandas que partían de las necesidades de todo el país:

"Hoy la mayoría de los argentinos ha comprendido el daño que producen el estancamiento y la inflación y está preparada para aceptar alternativas coherentes y sensatas que promuevan el crecimiento y la estabilidad". (...) "El individuo y la sociedad han tomado conciencia de que el estatismo agigantado y castrador ha sido el principal factor de estancamiento y frustración colectiva. El paraíso prometido por el paternalismo político ha terminado en un rotundo fracaso y frustración". "(El presente documento constituye) un aporte de la UIA al conjunto de la sociedad argentina en la búsqueda de un cambio que permita superar su progresiva pauperización y el continuo deterioro de sus activos productivos" (UIA, 1987)

 

"La SRA ha estimado oportuno y necesario formular algunas reflexiones que ayuden a la toma de decisiones en un momento crítico de la vida económica del país. Resulta evidente que se acercan instancias decisivas, ajustes difíciles y dolorosos que se han venido postergando en la vana esperanza de que el tiempo las diluya, o los hiciese innecesarios" (SRA, 1987).

 

La definición misma de crisis estructural sostenida por estos sectores daba cuenta de una lectura particular de la historia política y económica argentina. Según estos, los factores que habían generado el estancamiento encontraban su origen en el régimen sustitutivo que habría regido en Argentina al menos desde la posguerra. De esta manera, aquellos instrumentos de política pública que se encontraban agotados y aquellas estructuras que debían ser removidas eran evaluadas como parte de un régimen centrado en la industrialización sustitutiva orientada al mercado interno. Mas allá de las diferentes apreciaciones, esta lectura excluía como variable de análisis la sucesión de cambios estructurales sucedidos a partir de la gestión de Martínez de Hoz:

"Las dificultades invocadas (...) constituyen obstáculos de tipo estructural, es decir, no corregibles mediante la aplicación de remedios momentáneos".(...) "Las políticas basadas en (...) plantear con timidez los cambios, o negarlos anteponiendo (...) los intereses de cortísimo plazo, sólo generan mayores dificultades. Las reiteraciones de este tipo de esquemas ha generado una gran incredulidad en la población".(...) "Frente al agotamiento que han ido registrando los diferentes instrumentos adoptados, parece necesario formular una estrategia de largo plazo que (...) afirme modificaciones profundas en la vida económica del país. El ajuste estructural de la economía debe descansar en reformas de la normativa económica y en la generación de incentivos adecuados (...) que constituyen un presupuesto básico para afrontar con éxito la nueva estrategia global" (UIA, 1987).

 

"Podemos ubicar el comienzo de nuestro largo estancamiento y pérdida de posición frente al conjunto de las naciones en la década de los años 30".(...) "(Durante la posguerra, el país) castigó sus exportaciones que denominó ´tradicionales´ y concentró sus esfuerzos en una sustitución de importaciones que agotó su potencial en un mercado interno cautivo (...). Al no haber competencia en el mercado interno no se crearon las condiciones y los hábitos para competir en el mercado externo y los diferenciales costos y calidad en el mercado internacional se fueron ampliando. Así se preparó el fracaso de la etapa de 1960 en adelante, que podemos denominar como de ´sustitución de exportaciones´ y que prolonga y agrava el error conceptual de la sustitución de importaciones".(...) "Lo que nos está sucediendo hoy (...) es una nueva instancia de un viejo fracaso" (SRA., 1987).

 

Partiendo de esta definición de crisis estructural, se identifican al mismo tiempo una serie de causas concretas que condujeron a la situación de crisis. El origen de la crisis, se encuentra así en el "agigantamiento" del Estado y de sus funciones, lo cual se refleja, en estas interpretaciones, en un incremento desmesurado del gasto público y el déficit fiscal; la intervención estatal y la regulación de los mercados, impidieron que las "leyes del mercado" actuaran correctamente y que la iniciativa privada se desarrolle adecuadamente:

"En medio siglo Argentina pasó de uno de los países más ricos a uno de los más pobres. Los problemas son: retroceso del PBI per cápita, inflación, empeoramiento de la distribución del ingreso, deterioro del mercado interno, crónico problema del sector externo (deuda externa), deterioro de educación y servicios públicos, niveles mínimos de inversión, sector público totalmente sobredimensionado e ineficiente, absorción por parte del Estado de innumerables e importantes actividades empresarias, huida de capitales, emigración de la mano de obra calificada, puja despiadada por la distribución del ingreso, legislaciones sectoriales con evidente resultado antiproductivo, etc. (Se trata de un) conjunto de políticas económicas que han afectado la real vigencia del federalismo: las leyes de hidrocarburos y minas que nacionalizan el subsuelo en beneficio del poder central; consecuente centralización de decisiones y burocracia en Buenos Aires; depreciación del tipo de cambio exportador; etc." (UIA, 1987).

 

"Podemos destacar otras características del fracaso (...): la prioridad al consumo y a la demanda interna, el afán distribucionista, la intervención estatal en los precios relativos, las transferencias deliberadas de ingresos entre los sectores, el desaliento del ahorro y la inversión, el avance del Estado, etc." (SRA, 1987).

 

Una vez delineado y argumentado el diagnóstico, se realizaba una serie de propuestas orientadas a su concreción en políticas públicas que tenían el carácter de "recomendaciones" para el gobierno. Como se verá luego, el tono en que se dirigirán este tipo de "recomendaciones" hacia el Estado se irá agudizando con el paso del tiempo. No obstante, la propuesta de cambio estructural articulada por los sectores dominantes contiene en estos documentos algunos de los elementos que se convertirán en ejes de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno de Menem, mostrando que "quien define es quien decide": las privatizaciones, la desregulación y la apertura económica; la reforma del Estado y el cambio de régimen de acumulación se presentan entonces como los requisitos fundamentales para salir del atolladero:

"(...) el establecimiento de algunos principios económicos muy básicos constituye el requisito para romper el círculo de estancamiento e inflación en que nos debatimos hace muchos años: a) movilización de recursos nacionales, reduciendo la capacidad ociosa; b) promover una asignación más eficiente de los recursos; c) circunscribir las regulaciones estatales a lo indispensable; d) reducir la dimensión e ineficiencia del sector público, lo mismo que los desequilibrios fiscales y cuasifiscales a través de cambios en la política de gastos, ingresos y endeudamiento del gobierno; e) reformular el sistema financiero (...) restituyendo el crédito hacia el sector productivo; f) (dados los problemas externos) modificar la política cambiaria y perfeccionar los incentivos a la exportación en general; g) un instrumento arancelario que proteja a la industria y al mismo tiempo posibilite una fluida corriente exportadora." (...) "La médula de la cuestión radica en la urgencia de destrabar la creatividad de los argentinos a través de la iniciativa privada, encorsetada hoy por el proceso de restricciones, limitaciones y regulaciones estatales. Esto supone la revalorización del papel del empresario como agente esencial de la creación de riqueza, acumulación de capital y distribución de bienestar"(...) "El paso de un confuso capitalismo de Estado a un claro capitalismo en el cual el empresario ocupe un rol esencial (...) debe ser el producto del convencimiento (...) de la necesaria flexibilidad que debe tener un sistema económico (...) y de los excesos a que ha llegado la expansión de las atribuciones y actividades del sector público" (...)

"(El Estado debe) asumir sus funciones esenciales, en especial la de manejar los grandes instrumentos de política económica" (UIA, 1987)

 

"Reclamamos atención para nuestra propuesta que referida al sector agropecuario, extenderá sus beneficios a toda la economía nacional" ."Eliminación de derechos de exportación de los productos agropecuarios, eliminaciones de restricciones de todo tipo sobre exportaciones de productos agroindustriales, eliminación de toda norma de control de precios y su regulación a través del mercado,

tratamiento impositivo para el sector idéntico al de los demás sectores, dar al sector una adecuada intervención en la política externa acorde con su importancia y aporte, privatización de los organismos específicos del sector como las JNC (Junta Nacional de Carnes) y JNG (Junta Nacional de Granos), racionalización y privatización en su caso en materia de puertos y transportes" (SRA, 1987).

 

Pero la propuesta de cambio que se deduce de estos documentos no se limita a prescribir una serie de transformaciones de cierta profundidad. Por el contrario, existe por parte de los sectores dominantes el objetivo de lograr un nuevo régimen de acumulación que pueda ser funcional a sus intereses. El régimen de acumulación al que se apunta es uno centrado en las exportaciones y la inserción en el mercado internacional. Es a partir de la definición de ese objetivo final que se comprende, desde el punto de vista de estos sectores, la instrumentación de una serie de medidas que definan el cambio estructural en este sentido:

"Los principales instrumentos para impulsar la exportación son un tipo de cambio estable y realista, así como un sistema impositivo que no distorsione los costos con impuestos indirectos no reembolsables. La UIA manifiesta y ha manifestado su apoyo al encomiable propósito anunciado de promover las exportaciones industriales" (UIA, 1987).

 

"Para el tiempo siguiente es imprescindible que - como sucede en los países exitosos en el comercio internacional - la expansión de las exportaciones agropecuarias sea acompañada por una expansión de las exportaciones de manufacturas. Esto al amparo de una apertura de la economía, una racionalización del arancel de importaciones y un realismo cambiario sin discriminación" (SRA, 1987).

 

Tanto del diagnóstico realizado como la forma en que se enumeran las prescripciones dan cuenta de un proyecto que se presentaba como parte de un debate para encontrar "dentro del juego de las instituciones de la República, consensos y vías de acción" (UIA, 1987). Dentro de este juego, las relaciones entre estos sectores y el Estado ocupan un lugar de privilegio. Desde el punto de vista de los empresarios comienza a verse como posible la instauración de un régimen funcional a sus intereses a partir del diálogo con un gobierno democrático, descartándose así la opción de la salida militar. Desde el lado del gobierno, la evidencia cada vez mayor de la crisis lo lleva a un paulatino acercamiento a las posiciones de los sectores dominantes. Sin embargo, este acercamiento - que resulta en sí mismo significativo en tanto muestra a los sectores dominantes la existencia de coincidencias de fondo con el gobierno - no pasa en principio de una serie de manifestaciones retóricas; incluso los intentos de realizar una serie de reformas estructurales por parte del gobierno radical no pasaron de los papeles. La forma ambigua en que se puede leer el acercamiento de Alfonsín a la perspectiva presentada por los sectores dominantes puede verse en el discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo de 1987:

"Sabemos que estamos viviendo una crisis de época que no puede solucionarse mirando hacia atrás, sino hacia delante. No hay remedios para la crisis argentina en ninguna edad de oro que se ubique en el pasado. (...) Es claro que los deseos de cambio exigen propuestas y no retórica global o sumatoria de propuestas sectoriales. Necesitamos un debate plural de todos los grandes temas de la transición".

 

"Cierto es que no lograremos las metas en un plazo breve, ni con pocos esfuerzos, pese a lo que parecen vender algunos vendedores de fantasías. Pero cada una de las medidas que se llevan adelante en todos los frentes en los que es necesario acometer cambios estructurales, es capaz de cobrar una nueva dimensión si la consideramos dentro de esa ambiciosa perspectiva histórica que cobija el sueño de comenzar una nueva etapa".

 

A partir de entonces, y hasta el desbocamiento de la inflación en 1989, las relaciones entre el Estado y el sector empresario estarán atravesadas por cierta ambigüedad. La ambigüedad que caracterizará sobre todo a las posiciones de los sectores dominantes frente a la élite gubernamental se explicará, según el punto de vista de los sectores dominantes, por la falta de "acción" por parte del gobierno para solucionar la crisis. En este sentido, la demanda de "más gobierno", demanda tradicional de estos sectores ante los gobiernos democráticos, se ligaba estrechamente con la aplicación de las medidas de reforma estructural que se proponían. Sin embargo, los avances del gobierno a favor de la aplicación de estas medidas otorgaban a éste y al régimen democrático el apoyo de estos sectores. Así, los sectores dominantes se relacionarán con el Estado mediante una serie de apoyos ligados a ciertas cuestiones de fondo en las que existían coincidencias (como las declaraciones sobre la necesidad de reducir el déficit, desregular la economía, privatizar empresas públicas, etc.), al tiempo que se manifestaban una serie de oposiciones originadas en la demora en la resolución de la crisis y la aplicación de las reformas por parte del gobierno. La incorporación del discurso de los sectores dominantes al oficial no pasaba todavía del nivel retórico, en tanto no se contaba con un programa sistemático para transformar esas declaraciones discursivas en políticas públicas. De esta forma al menos era comprendida la acción del gobierno por los sectores empresarios:

"La experiencia de privatización argentina señala que no existe una política sistemáticamente elaborada sino un conjunto de normas generales (...) de respuestas creativas ante la crisis de las empresas. (...) destaca especialmente la ausencia de un marco global que incorpore al proyecto privatizador como un elemento - central o no - de una política de largo aliento. (...) Desde un punto de vista económico, la política de privatizaciones (...) no parece inscribirse todavía (...) en una perspectiva desreguladora que supere los límites de las intenciones discursivas. Las recientes experiencias de privatización parecen originarse mas en una imposición de la coyuntura, (primando) el objetivo de reducir el déficit fiscal por sobre cualquier estrategia de cambio estructural". (Techint, 1988).

 

En este contexto, el gobierno, más allá de los motivos por los cuales no se avanzara programáticamente en el proceso de reformas, no cesaba de reconocer el carácter estructural y no coyuntural de la crisis. Al mismo tiempo, desde los sectores dominantes se insistiría con cada vez mayor énfasis en las causas que explican las crisis y en las medidas que es preciso ejecutar para llegar a una solución. El agotamiento definitivo del régimen de acumulación iría dejando - según se planteaba en el discurso de estos sectores - al Estado cada vez con menor capacidad de maniobra. Las alternativas se irían reduciendo, los plazos se irían acortando:

"A principios de los ochenta, con la crisis de la deuda externa, no sólo quedó eliminada esta fuente de financiamiento (el crédito internacional característico de fines de los 70), sino que además el Estado debió hacer frente a su servicio, restringiendo aún mas su capacidad de financiación. En este contexto, el agotamiento del modelo se vio esencialmente agravado por la sucesión de normas y regulaciones que buscaron mantener su vigencia sin lograr definir una trayectoria coherente de reestructuración, mas allá de sus propias disfuncionalidades" (Techint, 1988).

 

Ante este panorama, la principal preocupación de las corporaciones empresarias pasaba no por la lectura que el gobierno hacía de la realidad ni por su orientación ideológica, de donde derivaba su diagnóstico, sino de la manera en que éste actuaba frente a la crisis. Evidenciando nuevamente una posición en alguna medida ambigua, se reconocía la orientación "razonable" que parecía adoptar el gobierno, al tiempo que se discutían los instrumentos y se exigía mayor celeridad en la instrumentación del proceso de reformas:

"En 1988 el gobierno se encamina nuevamente en la búsqueda de soluciones al problema de la recesión con inflación. En la apertura del nuevo período legislativo se manifiesta la voluntad política de reducir el gasto público, producir un cambio estructural de la economía y el funcionamiento del Estado (...)." (...)"El 14 de octubre (1987) el Gobierno dio a conocer una serie de medidas económicas tendientes a revertir la situación comentada. En tal sentido se debe destacar que las mismas parten de un diagnóstico razonable del cuadro económico social atacando el problema del déficit." (SRA, 1988).

 

"(No obstante) no se observa una mayor definición en términos cuantitativos ni de procedimientos tendientes a reducir el gasto. Se considera necesario profundizar en el corto plazo el programa para obtener un mayor grado de confianza por parte de los operadores y contribuyentes."(...) "Con respecto a la desregulación de la economía anunciada, es poco lo que se ha hecho ya que (...), no se ha liberado y unificado el mercado cambiario, ni se han reducido los niveles de aranceles de importación." (SRA, 1988)

 

Un aspecto que forma parte de las demandas de los sectores dominantes, y que vale la pena destacar, es la necesidad de controlar la inflación o, más bien, el énfasis puesto en el control de la inflación como el objetivo al que se debía apuntar con el proceso de reformas. En este sentido, puede pensarse que si bien la existencia de un orden económico estable constituye un requisito para la reproducción del capital, el proyecto de los sectores dominantes no se limitaba en el mediano plazo a la consecución de esta estabilidad sino a la instauración de un régimen exportador (al mismo tiempo, estos sectores no habían dejado de fortalecerse en el país en convivencia con regímenes de alta inflación). La recurrencia a colocar la inflación como el principal de los problemas puede ser interpretado entonces como uno de los mecanismos legitimadores del discurso ideológico de estos sectores. En efecto, la inflación constituía el elemento más visible y palpable de la crisis para el conjunto de la sociedad, al tiempo que la imposibilidad de controlarla expresaba las dificultades de un gobierno encaramado en un Estado incapaz de controlar el descalabro económico. La persistencia de la inflación, era la evidencia por excelencia de la incapacidad del Estado y de la necesidad de reformularlo:

"En el período comprendido por el año 1987 y primer semestre de 1988, la economía argentina observa en lo interno, una tendencia recesiva en el marco de una inflación creciente."(...)"El actual contexto económico se encuentra caracterizado por un fuerte incremento de la inflación que afecta el nivel real de ingreso y de actividad económica. Existe un alto grado de desconfianza en los operadores que se manifiesta en el bajo nivel de la economía y de la alta tasa de interés y crea incentivos no exclusivamente económicos a la inflación. Los factores que subyacen (...) responden a problemas de índole estructural que presenta nuestro país" (SRA, 1988).

 

"Si todas las razones teóricas, si todos nuestros argumentos a favor de las soluciones liberales, no habían servido para convencer suficientemente a la opinión pública acerca de la necesidad de un drástico cambio en el sentido liberal, el inocultable y dramático fracaso del radicalismo como expresión de la social democracia o democracia socialista, sirvió para completar esa tarea de convencimiento. El desastre a la vista fue una demostración concluyente de la incapacidad y perversidad de las ideas dirigistas (en el fondo socialistas) aplicadas. (...) La hiperinflación estaba creando condiciones de disolución social. En el plazo inmediato no se trataba de elaborar planes: la tarea era más bien de ´apagar focos de incendio´" (Alsogaray: 1993).

 

Durante 1989, en medio de una agudización de la crisis que culmina con el estallido hiperinflacionario, se produce una profunda radicalización en las expresiones de los sectores dominantes. La existencia de una inflación desmesurada e incontenible constituía el argumento dilecto para profundizar las críticas al gobierno por la falta de acción y apuntalar el diagnóstico que se tenía de la crisis y, naturalmente, de cuáles debían ser las soluciones. El Estado es visto cada vez con mayor aspereza como el gran culpable:

"Durante el año 1988, el fuerte proceso inflacionario afectó el nivel de actividad económica. (...) La dinámica de la economía se vio afectada por el fuerte aumento del nivel general de precios" "Las causas de la creciente y elevada inflación se deben al persistente desequilibrio del sector público y a la significativa reducción de la demanda de dinero." (...)"Nuestra entidad estima que el problema tiene orígenes estructurales, en los que la ineficiencia del sistema económico general impide o limita la producción, desalienta la acumulación, el ahorro y los nuevos emprendimientos, mantiene situaciones de privilegio y no genera nuevos puestos de trabajo." (...) "Las altas tasas de inflación son, sin duda alguna, el principal elemento generador de los desajustes de nuestra economía. En función de ello, es necesario atacar directamente sus causas. Por ello la eliminación del déficit fiscal a través de una efectiva reducción de los egresos del Estado es el único camino seguro hacia la estabilidad económica" (SRA, 1989).

 

Ante una economía que se tornaba inmanejable y un Estado sobredimensionado como la principal de las causas, el acento continuaba puesto en la necesidad de implementar el proyecto de reformas estructurales que linealmente fuera presentado por las entidades empresarias con particular intensidad desde 1987. Sin embargo, la alusión a la aplicación de estas reformas ya no revestía la forma de "recomendaciones" para el gobierno, sino que la instrumentación de un programa concreto de reformas estructurales es presentado como la única alternativa posible:

"En los primeros 6 meses de 1989 se produjo un proceso de descontrol de las principales variables macroeconómicas, lo cual llevó al país a la hiperinflación en Mayo y Junio. Se produjo una pérdida total de confianza en el signo monetario y una ruptura de la estructura de precios relativos. Por lo tanto, se observó una tendencia firme hacia la descomposición del sistema económico-social." (...) "Para que todo esto se ponga en marcha es necesario eliminar los elementos negativos a los que nos referimos en el punto anterior. Todo esto ha llevado al estancamiento productivo y debe ser removido rápidamente, si convenimos en la idea de privilegiar a la producción genuina. Las empresas del Estado deben privatizarse, único camino para que dejen de generar déficits y de encarecer consumos e insumos de las actividades eficientes." (...) "Nuestra Entidad considera que para lograr la estabilidad necesaria que permita a las fuerzas productivas desempeñar su tan importante función son necesarias modificaciones estructurales en nuestra economía. Señalamos que la desregulación, la desmonopolización, la privatización y la mayor eficiencia del gasto público deben ser los pilares de dicho cambio" (SRA, 1989).

 

"El modelo de desarrollo industrial (sustitutivo) ha dado claras muestras de agotamiento. (...) Estamos en presencia de condiciones económicas internacionales (en las que) la profundización del proceso de integración de la industrial nacional al comercio internacional aparece como la alternativa más plausible. La adopción de una nueva estrategia de "crecimiento hacia fuera" resulta la fórmula con mayores posibilidades para retomar el sendero de crecimiento de la actividad industrial. Esto requiere continuar con el proceso de apertura de la economía" (Techint, 1989b).

 

"El Estado está quebrado, hemos bordeado la hiperinflación, hay desocupación, y el bienestar creciente que los argentinos disfrutaron durante décadas, a más de un siglo desde la gesta de la Independencia, se ha convertido hoy en pobreza y en desencuentros" (SRA, 1990).

 

Junto a esto, se continuaba insistiendo sobre el "modelo" económico al cuál debía apuntarse. Esto se puede ver tanto en declaraciones como las citadas arriba como en otras que trataba más directamente esta preocupación de los sectores dominantes:

"Innovación tecnológica y precios competitivos son entonces los pilares del éxito en la puja por obtener mercados e insertarse en la economía a escala mundial. Esta es la única vía genuina para alcanzar el prestigio y autoridad en el mundo." (...) "Creemos firmemente que para superar la crisis de crecimiento que nos afecta es impostergable redoblar los esfuerzos para instalar a los postulados aludidos que imperan en otros países y cuya práctica los ha llevado a una creciente y sostenida prosperidad" (SRA, 1989).

 

Estas declaraciones se efectuaban en un contexto en el cual se continuaban lanzando críticas hacia el gobierno por la lentitud en la aplicación de las medidas demandadas. Una posible interpretación de la forma de relacionarse con el gobierno radical en su última etapa (reconociendo sus avances, pero demando mayor celeridad y profundidad) puede tal vez hallarse en la incertidumbre que creaba al interior de estos sectores la posibilidad de un nuevo gobierno peronista. Así, puede pensarse que lo que se pretendía al demandar la aplicación urgente de las medidas de cambio era dar curso a una serie de medidas que no pudieran ser invalidadas por el gobierno entrante. A pesar de algunos pasos dados por el gobierno a favor de estas posturas, las críticas hacia el mismo dan cuenta de la urgencia y celeridad con que los cambios eran demandados:

"Los intentos realizados por las conducciones económicas no dieron como era de prever los resultados esperados. (...) La persistencia de estos déficits nos ha llevado a sucesivas crisis, derivando en la necesidad de cubrir los desbalances fiscales con el impuesto inflacionario a través de una mayor emisión. Todo ello se ha desarrollado en un marco de economía cerrada y con las principales variables en manos del Estado." (...) "Por tanto, deberán eliminarse en forma progresiva todas las trabas y controles que el Estado ejerce hoy sobre la actividad económica, y permitir que el mercado sea el factor determinante en la asignación de los factores." (...) "Para que la desregulación del sistema económico genere los resultados deseados, es necesario que los operadores económicos tengan la plena seguridad de la estabilidad de las medidas tomadas" (SRA, 1989).

 

"(El análisis de los últimos cuarenta años) permite concluir que la política comercial se ha movido hacia una mayor apertura hacia el comercio internacional. Probablemente, esta apertura sea menos intensa que la deseada, pero se está en presencia de una economía más abierta al comercio que algunas décadas atrás" (Techint 1989b).

 

Por parte del gobierno, si bien se reconocía la necesidad de impulsar cambios drásticos, la situación económica se había escapado de sus manos y contaba con pocos instrumentos como para llevar a cabo una serie de transformaciones profundas. Sin embargo, las declaraciones del Presidente Alfonsín ante la Asamblea Legislativa del 1º de mayo de 1989 dejaban claro cuál sería el mandato para el próximo gobierno: la resolución de la crisis económica era prioritaria y, en este sentido, la necesidad del reconocimiento de la urgencia de realizar cambios profundos en el país era indispensable para lograrla:

"Es cierto que en el campo económico nos hemos recogido una Nación en crisis y que muy probablemente entreguemos al próximo gobierno una Nación en crisis. No hemos conseguido superar la crisis económica. Y esto, en parte podría atribuirse a errores nuestros, pero se debe principalmente al hecho de que nuestra crisis es parte inseparable de una crisis estructural mundial cuya solución sólo podrá emerger de grandes iniciativas colectivas, que abarquen a enteras regiones del planeta con centenares de millones de personas involucradas, y nunca de una iniciativa singular." (Alfonsín, 1º de mayo de 1989).

 

Luego de la entrega adelantada del poder por parte de Alfonsín a Menem, este último ensayó desde el inicio de su gestión un acercamiento que culminaría en alianza con los sectores más poderosos de la economía. En dicho acercamiento se pondrían en juego una serie de señales simbólicas (como la designación de un integrante de Bunge y Born en el Ministerio de Economía y de Alvaro Alsogaray como asesor presidencial) acompañadas de una serie de medidas concretas en términos de políticas públicas, como la sanción de las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado con el consiguiente inicio del proceso de privatización de empresas públicas. Las palabras iniciales del nuevo Presidente apuntaron, desde un primer momento, a dejar en claro cuál era el diagnóstico del cual partía el nuevo gobierno y cuáles serían sus orientaciones:

"Todos en mayor o menor medida somos responsables y copartícipes de este fracaso argentino. Y entre todos, sólo entre todos, seremos artífices de un cambio a fondo y de una transformación positiva. Sobre estas ruinas, construiremos todos juntos el hogar que nos merecemos. Sobre este país quebrado, levantaremos una patria nueva, para nosotros y para nuestros hijos. Sobre esta crisis que nos paraliza y nos carcome, sacaremos coraje para sentirnos orgullosos y seguros de nuestro destino. (...) Hay que decir la verdad de una vez por todas: la Argentina está rota. En esta hora histórica comienza su reconstrucción.

 

"El legado que estamos recibiendo es el de una brasa ardiendo entre las manos. El de una realidad que quema, que lacera, que mortifica, que acosa, que urge solucionar. (...) Porque la ciudadanía sabe que no miento si afirmo que estamos viviendo una crisis dolorosa y larga. La peor. La mas profunda. La mas terminal. La más terrible de las crisis de las cuales tengamos memoria. Por eso (...) los vengo a convocar para el nacimiento de (...) una nueva oportunidad. Tal vez la última. Tal vez la más importante, decisiva y clave oportunidad de nuestros días. (...) Este es el momento de aplicar la reflexión y la imaginación. Es el momento de la idea, pero también es el tiempo de la creación y del atrevimiento. Es la hora de eliminar lo caduco y dar la bienvenida a lo que nace" (Menem, discurso de asunción, 1989).

 

De esta forma el gobierno de Menem inicia su gestión asumiendo la validez de la lectura que los sectores dominantes hacían de la crisis, o al menos incorporando una parte central de su retórica. Se piensa entonces que la sociedad argentina se encuentra en una situación terminal debido a una crisis que exige la toma de medidas drásticas, las cuales deben ser introducidas con urgencia; al mismo tiempo, se hace referencia de manera clara a la falta de opciones u oportunidades entre las que se encuentra la sociedad argentina. Ya no es tiempo de retórica sino de acción; es tiempo de que haya "más gobierno". El efecto positivo de este giro discursivo tanto como de las medidas orientadas hacia la consecución de las reformas estructurales, fueron recibidas con beneplácito (y cierto asombro) por los sectores dominantes. En contra de lo que se podría haber supuesto, el gobierno de Menem (que podría llamarse de origen populista) aparecía representando desde el inicio de la gestión los intereses de los sectores más poderosos de la economía nacional. Las perspectivas de resolución de la crisis y el aumento de la confianza de los "operadores" en el mercado serían vistas desde entonces como unas de las consecuencias necesarias del programa de reformas:

"La gravedad de la situación apresuró la entrega del poder, que se produjo el 8 de julio. Un día después de la asunción, se dieron a conocer los lineamientos inmediatos del nuevo plan. Se anunciaron ajustes de corto plazo tendientes a eliminar el proceso hiperinflacionario y se dieron señales de cambios estructurales que se irían especificando con el transcurso de los días." (...) "Las medidas de mediano y largo plazo se basan en la reestructuración del gasto público (a través de la ley de emergencia económica), cambios estructurales en el sector público (privatización y racionalización del Estado y empresas públicas) y una reforma tributaria." (...) "Con la aplicación de las medidas comentadas se espera una inflación más baja para agosto (40%) y de un dígito para septiembre." (...) "La sanción de los proyectos de leyes de emergencia económica y reforma del Estado constituyen un instrumento fundamental para obtener la estabilidad y el crecimiento económico. (...) De acuerdo a como evolucione el cambio estructural se obtendrá mayor grado de confiabilidad en el programa. Se observa un punto de inflexión en la tendencia de la economía y un proceso de reconstrucción del sistema económico-social" (SRA, 1989).

 

"A partir de la asunción del gobierno presidido por el Dr. Menem se observa un cambio en la evolución de los indicadores económicos"(...)"(El plan antiinflacionario implementado a partir del 10 de julio) fue acompañado de dos instrumentos importantes para el logro de la estabilidad permanente, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado"(...)"(A tres meses de vigencia del plan) las expectativas favorables se reflejan en la calma que se advierte en el mercado financiero, en la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, en el comportamiento del mercado bursátil"(...)

"La estabilidad perdurará en la medida que se logren acuerdos con los organismos internacionales y los acreedores externos, así como en que se concreten las reformas estructurales propuestas por el gobierno" (Techint, 1989).

 

"A lo largo de los años 80 la sociedad argentina presenció un creciente reclamo por una disminución del gasto público. A partir de los episodios hiperinflacionarios y los diversos planes de ajuste y estabilización diseñados por el gobierno del Dr. Menem se habían percibido claras señales de que ese reclamo estaba siendo satisfecho. La velocidad del proceso privatizador, la disminución de la cantidad de secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales fueron algunas de esas señales" (UIA, 1992).

 

Esa mezcla de asombro y beneplácito por la orientación que parecía adoptar la nueva élite gubernamental, puede verse en la forma en que aquellos momentos serían recordados, tiempo después, por Alvaro Alsogaray:

"Los grupos peronistas que otra vez debí atravesar a la salida del ´bunker´ del doctor Menem, a los cuales habían trascendido nuestras conversaciones, me mostraron una adhesión que nunca podía haber imaginado. Si bien era éste un episodio aislado, podía significar que la idea del doctor Menem de aproximar las dos corrientes de opinión, que siempre habían estado enfrentadas, era correcta y podía producir resultados favorables."

 

"(Todas estas razones) me llevaron a mí y luego a la Ucede a apoyar lo que empezamos a denominar ´reforma Menem´, que era coincidente con nuestra reforma liberal de tantos años. Para nosotros no significaba ningún sacrificio. Aquello por lo que habíamos luchado durante más de tres décadas se estaba realizando" (Alsogaray, 1993).

 

Durante 1990, mientras el programa de reformas se iba afianzando en declaraciones por parte de la élite gubernamental y en hechos concretos (la celeridad del proceso de privatizaciones es el ejemplo más claro), se haría aún más manifiesto el apoyo de los sectores dominantes a la política del gobierno. Como muestra de ello, la persistencia de la inflación pasó a ser evaluada como un problema de una gravedad menor a la que revestía, por ejemplo, en 1988. Por sobre esas cuestiones ahora más bien coyunturales, se encontraba la coincidencia respecto de los objetivos de fondo, a partir de los cuales se brindaba el apoyo al gobierno. Sin embargo, no habiéndose estabilizado aún la economía el programa de reformas se enfrentaba a algunas limitaciones que podían hacer peligrar su continuidad y profundización. Las declaraciones por parte de los sectores empresarios en el sentido de mantenerse en el rumbo trazado son más que elocuentes:

"El 9 de julio de 1989, en medio de un proceso hiperinflacionario, asume el poder el gobierno del Presidente Menem. En el discurso que pronunciara ante la asamblea Legislativa el 8.07.89 anunció un cambio radical en el rumbo a seguir en materia de política económica, y el diagnóstico efectuado acerca de la crisis económico social argentina fue acertado. (...) se advirtió una firme decisión de reducir el déficit fiscal y la consecuente emisión monetaria, causa principal del proceso hiperinflacionario Argentino durante los últimos años."(...)"1990 marca una tendencia positiva en lo que al desenvolvimiento de la economía argentina respecta. Sobre todo si se la compara con el punto de partida y se evalúa la dirección elegida"(Indicadores SRA, 1990).

 

"A rasgos generales, el rumbo de la economía tomado por la conducción económica es el correcto, pero la situación económica social del país sigue siendo sumamente delicada, sumergido aún en una fuerte recesión, baja calidad de vida, inestabilidad y alta inflación latente. Esto obliga a no aplicar políticas laxas ante la ´estabilidad transitoria´, sino por el contrario, se deben intensificar las medidas de ajuste, avanzando sin interrupciones en la racionalización y reforma de la Administración Pública y las Empresas del Estado."(...)"Parece entonces que estamos dando principio a la nueva historia que tiene el color de que puede terminar bien."(...)"Pensamos que hoy estamos de nuevo en la buena ruta, pero no nos equivocamos creyendo que sólo apretando el acelerador vamos a alcanzar con comodidad la meta perseguida. (...) Por eso no es tiempo de bajar los brazos, sino por el contrario de aguzar el ingenio y estar más atentos que nunca, para actuar unidos y correctamente en pos de los objetivos que realmente sirven al país y a su pueblo." (...) "A partir de febrero (de 1990) se fueron anunciando una serie de "miniplanes" que contenían medidas de carácter estructural dirigidos a la reducción y racionalización del gasto público, la desregulación de los diferentes mercados, etc. (Pero) a pesar de los ajustes realizados en el gasto público estos han sido insuficientes" (Indicadores SRA, 1990).

 

"En el mes de agosto del año anterior, se dictaron las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que además de aliviar en el corto plazo las cuentas fiscales, impulsaban las medidas necesarias para lograr una solución sostenible a los problemas de la economía argentina" (...)"En el corto plazo es factible que se restablezca cierto orden en los mercados. En la medida que los operadores económicos detecten una mejora en las cuentas fiscales, se detendrá la huida de dinero y ello dará un limitado margen a la autoridad económica que la haga más creíble y definitivamente sostenible en el tiempo" (Memoria UIA, 1990).

 

De este modo, se producía un acercamiento entre los sectores empresarios y el Estado en el cual existía tanto un acuerdo general en torno a la orientación que debía observar la política económica del país como sobre las formas en que debían lograrse los objetivos así delimitados. Tanto objetivos como medios se correspondían con las propuestas lanzadas desde los sectores dominantes tras el fracaso del Plan Austral. En el contexto del proceso de reformas inaugurado por Menem, aquellas propuestas habían adquirido la forma de políticas económicas concretas, estando algunas incluso reflejadas en leyes sancionadas por el Congreso. Ante esto, las preocupaciones de los sectores dominantes se centraban en el afianzamiento de aquellas orientaciones y en la realización de ciertos ajustes en torno a las nuevas condiciones que surgían del incipiente liberalismo económico con el que el gobierno parecía comulgar. Las preocupaciones acerca de la necesidad de crear situaciones de confianza y seguridad en los mercados, hablan por sí solas de cuáles eran las nuevas reglas de juego que componían al régimen de acumulación que estaba emergiendo:

"El 4 de marzo el gobierno hace públicas medidas económicas adicionales. (...) Estas medidas produjeron un efecto positivo en las expectativas del público y los operadores económicos, dado por la firmeza gubernamental puesta en el ajuste estructural y la continuidad en las políticas trazadas desde el comienzo del plan de racionalización económica. (Esto se reflejó) en un lento pero persistente proceso de remonetarización de la economía, (...) y una mayor estabilidad de la divisa norteamericana." (...) "Por lo tanto, cuando hablamos de propuestas para una Argentina Competitiva, nos vemos en la obligación de decir que la condición ´sine qua non´ es la estabilidad económica, por cuanto ella facilita el planeamiento de corto, mediano y largo plazo de las empresas" (SRA, 1990).

 

Al mismo tiempo, por parte de la élite gubernamental, el Presidente Menem se afanaba por dejar en claro su postura y por afianzar asimismo su alianza con los sectores dominantes. Las declaraciones vertidas en este sentido dan muestra de cuál era su postura al respecto:

"Si hemos tenido que apelar a medidas excepcionales de emergencia lo hicimos porque estamos convencidos de que la reforma del Estado debe sincerar y transparentar mecanismos que conspiran contra el bienestar general. La reforma del Estado no busca eliminar la industria de la construcción sino favorecerla (...) evitando por parte del Estado las situaciones irregulares. (...) La quiebra del Estado produce hiperinflación. Y con hiperinflación y quiebra no puede existir la obra pública. Y la reforma del Estado está orientada a mejorar la distribución del ingreso. La concentración del ingreso se correlaciona con el uso indiscriminado de los recursos del Estado. La deuda pública que obliga a las reformas es la contracara de la concentración" (Menem, discurso pronunciado ante la Cámara Argentina de la Construcción, 1990).

 

También resulta significativo en este caso la manera en que Menem comprendería este momento tiempo después:

"Es la necesidad de sobrevivir por la desregulación. Es dejar hacer. (...) (Tras el fracaso del estatismo) el objetivo principal de la reforma estatal es el de ofrecer un conjunto de propuestas factibles, orientadas a reducir el gasto público, concretar la acción del Estado en las funciones que le son inherentes a la sociedad moderna y destrabar el crecimiento de la economía" (Dromi y Menem: 1996).

 

Uno de los aspectos en los cuales se centraba la posición del gobierno era la relación (tal cual él la entendía) entre el Estado y los particulares, o entre lo público y lo privado. Esta concepción sostenida por el gobierno suponía la necesidad de una alianza entre ambos, así como daba por sentada la centralidad que la actividad privada (el capital, y más específicamente el capital más concentrado) debía ocupar en el nuevo régimen de acumulación:

"No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, a través de un enfrentamiento que sintetiza el gran drama nacional de las últimas décadas. Esto es, el enfrentamiento entre el Estado y los particulares. (...) Las naciones en serio, los capitalismos en serio, crecieron y progresaron a través de una asociación entre el Estado y los particulares. (...) Nadie puede llamarse a engaño a esta altura del partido. Entre el bien privado y el bien público está el bien común. Entre el interés estatal y el interés particular, está el interés general. Ni el Estado sin los particulares, ni los particulares sin el Estado, podemos lograr verdaderos avances" (Menem, Dircurso pronunciado ante la Cámara Argentina de la Construcción, 4 de octubre de 1990).

 

"Partimos de la concepción del mercado como un proceso, donde es crucial la función del empresariado, directamente vinculado a la búsqueda de oportunidades beneficiosas, que es precisamente lo que otorga al proceso caracteres de flexibilidad y dinamismo. (...) (Se parte) del nuevo rol otorgado a la iniciativa privada como la manifestación más sobresaliente de la libertad económica. Y para hacerlo eficaz, se complementa con las medidas y políticas económicas adecuadas, de desregulación, transformación, privatización, subsidiareidad, desmonopolización y descentralización" (Dromi y Menem: 1996).

 

Por otro lado, el Presidente se preocupaba por dejar en claro que se compartía con los sectores dominantes la opinión de que el proceso no estaba concluido. De esta manera, se insistía en la necesidad de profundizar el cambio estructural, lo cual formaba parte como hemos visto, de las demandas de ciertas fracciones de los sectores dominantes:

"Llego con ganas de hablar poco. Porque tengo ganas de hacer mucho. Y porque estoy convencido de que la Argentina está harta de palabras y quiere hablar con la contundencia de los hechos. (...) Porque no sólo se trata de decidirnos por el rumbo, sino de mantenerlo todos los días y cada día, más allá de los tropiezos, de dificultades y de lógicos esfuerzos. En eso estamos y aunque se sientan los cimbronazos y duela el esfuerzo, les pido como siempre que me sigan" (Menem, Discurso pronunciado ante Cámara Argentina de la Construcción, 1990).

 

Finalmente, en abril de 1991, con la sanción de la Ley de Convertibilidad tras la asunción de Domingo Cavallo como Ministro de Economía, se avanzó hacia la estabilización de la economía al tiempo que se avanzaba aún mas en el proceso de reformas. Esto fue visto favorablemente por los sectores empresarios, por cuanto el plan suponía el logro de la confianza para los mercados, al tiempo que confirmaba la orientación de Menem:

"Durante 1990 la economía argentina funcionó bajo nuevas reglas de juego, abandonando los controles de precios y confiando al libre funcionamiento de los mercados la determinación de precios y cantidades a producir. Durante todo ese período se fueron anunciando una serie de "miniplanes" (…) que contenían medidas de carácter estructural dirigidas siempre en el mismo sentido: la disminución y racionalización del gasto público, y la reducción de regulaciones sobre los mercados. Al mismo tiempo se llevó a cabo una política monetaria más estricta." (...) "A partir del mes de abril comenzó a regir la Ley de Convertibilidad del austral. Mediante la misma se fijó un tipo de cambio a A 10.000 por cada dólar, al cual el BCRA se compromete a vender la cantidad de esa moneda que el mercado requiera. Además se debe mantener en forma permanente, un respaldo en divisas equivalente al 100% de la Base Monetaria valuada a esa paridad del dólar" ( SRA, 1991).

 

"A un año de la implementación de la Ley de Convertibilidad, el balance de la situación económica arroja resultados positivos"."El área fiscal, base fundamental del plan de convertibilidad continúa presentando resultados favorables, basados en el mayor nivel de actividad y el control de la evasión, y en la reforma estructural que está llevando a cabo el gobierno nacional" (Indicadores SRA, 1992).

 

"El plan de convertibilidad y el cronograma de reformas estructurales a través de las privatizaciones, la apertura de la economía y la desregulación, han conformado un nuevo escenario que modificó sustancialmente la economía y por ende, las expectativas sobre las cuales los agentes productivos basaron sus decisiones. Los resultados del plan han sido durante el año 1991 positivos en varios aspectos clave, en especial en cuanto a una disminución notable de la inflación"( UIA, 1991).

 

"Luego de sucesivos fracasos en materia de programas antiinflacionarios, en abril de 1991 se puso en vigencia el llamado ´plan de convertibilidad´ que cuenta, entre sus aspectos más salientes, con la fijación del tipo de cambio de modo que actúe como ancla nominal para la determinación de los precios de la economía" (UIA, 1993).

 

Luego de la aplicación del Plan de Convertibilidad, si bien el gobierno continuó insistiendo en la necesidad de profundizar los cambios (y se produjo de hecho a partir de 1991 una intensificación de los mismos), comenzó a capitalizarse políticamente el logro de la estabilización como parte de la serie de reformas que se habían instaurado en lo que iba del gobierno:

"Quiero que entre todos le demos la bienvenida a la Argentina nueva que también se inicia. (...) ¿Quién puede decir hoy que los argentinos no estemos mejor que por lo menos hace una década? ¿Quién puede despreciar el valor de la estabilidad? Mil novecientos noventa y uno ha sido un año de siembra" (...) "Mil novecientos noventa y dos tiene que ser el año de la imaginación, para convertir limitaciones en soluciones. Para multiplicar las alternativas. Para innovar. Para apostar con hechos concretos por la Argentina y en la Argentina. Mil novecientos noventa y dos tiene que ser el año de un Estado social de derecho. Que avance en sus privatizaciones y en su reforma. (...) Necesitamos un Estado eficiente. Mil novecientos noventa y dos tiene que ser el año de la prudencia. De la armonía entre el Estado y el mercado. Del equilibrio entre la competencia y el bienestar. (...) Mil novecientos noventa y dos tiene que ser el año de la creatividad. Para tener la indispensable apertura mental, que ubique el cambio argentino en la raíz firme de los cambios culturales" (Menem, Mensaje de Fin de Año de 1991).

 

Así, mientras los empresarios sostenían las reformas estructurales y otorgaban su apoyo al gobierno para implementarlas, desde el Estado se proyectaba una idea de una nueva Argentina que sería la "Argentina de todos". De esta forma, un régimen de acumulación que respondía a los intereses y capacidades de algunos sectores, aparecía como la representación del bien común en tanto había sido el resultado de una serie de medidas que habían servido para sacar al país de una profunda crisis.

Al quedar ligada la estabilización de la economía (demanda en la que coincidían la mayoría de los sectores sociales) al proceso de reformas estructurales en el discurso menemista, tanto los diagnósticos como las propuestas sostenidas por los sectores más poderosos de la economía desde 1987 cobran legitimidad incrementando su poder simbólico; esto sucede en tanto el logro de la estabilidad (tal vez la demanda más urgente de la sociedad argentina en 1989) fue presentada como consecuencia de la aplicación de las reformas estructurales. La manera en que estos argumentos cobran cierto grado de legitimidad (en tanto son considerados válidos incluso por algunos sectores sociales claramente perjudicados) debe comprenderse a partir de la manera en que se articulan, frenta a la crisis de fines de los años ´80, los discursos de los sectores dominantes con las políticas públicas concretas implementadas desde el Estado. Lo que queda en evidencia al analizar este período, es la capacidad de ciertos grupos – los más poderosos en términos económicos – de influir sobre el rumbo de la economía, así como la posibilidad de hacer aparece la proyección de un régimen social de acumulación que obedece a intereses sectoriales como un proyecto que responde a los intereses de toda la sociedad.