|
Resulta un hecho sumamente preocupante el espionaje practicado por oficiales de la de la
Fuerza Aérea sobre un grupo de periodistas y una organización de derechos de la mujer,
porque se trata de una violación de la legislación que regula las prácticas de
inteligencia de organismos del Estado. Por su gravedad, el comienzo de la causa civil que
corresponde no pude quedar librado a la iniciativa de los ciudadanos afectados, sino que
debe ser impulsado por el Gobierno, responsable último de los actos de las Fuerzas
Armadas.
Las tareas de inteligencia interior constituyen una violación a la Ley de Defensa y como
tales deben ser investigados por la justicia civil. Por eso le llama la atención que el
día en que se conoció el hecho ni en el ministro de defensa ni el del interior hayan
dado explicaciones satisfactorias a los ciudadanos.
la investigación judicial es indispensable, en primer lugar, para establecer por qué
razón los oficiales decidieron investigar a los periodistas y que uso le dieron o iban a
darle a la información recogida. Igualmente importante es establecer si otros
miembros de la fuerza estuvieron o están involucrados en ese tipo de tareas y si se
llevan a cabo otras de orden similar en perjuicio de otras personas. También el es
necesario determinar por qué se investigó a un grupo de defensa de derechos de la mujer,
cuya actividad e intereses están muy lejos de las preocupaciones específicas de la
Aeronáutica. La revelación de que, a quince años de restablecida la democracia, en una
Fuerza se sigue investigando al margen de la ley es inquietante. Más allá del caso
puntual, surgen el interrogante de hasta qué punto, aunque debería estar completamente
desterrado, este tipo de prácticas sigue vigente en otros ámbitos del Estado. CLARIN: 28/11/1998
|