El Congreso brasileño entregó ayer al presidente
Fernando Henrique Cardoso un paquete de documentos que causaron un
fuerte revuelo aquí, debido a que indican que la Operación Cóndor
no fue archivada con el fin de las dictaduras en la Argentina (1983) y
en el Brasil (1985) sino que continuó vigente hasta finales de la
década.
Esos papeles afirman que la "comunidad represiva"
regional, la esencia de ese plan que algunos llaman ahora el
"Mercosur del Terror", fue revitalizada en noviembre de
1987, en la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Mar
del Plata.
Parte de ese material tuvo difusión periodística en la
Argentina durante la celebración de la cumbre en 1987;
particularmente al trascender una propuesta del Ejército argentino
sobre una labor mancomunada "para el combate del
terrorismo". Los documentos del Congreso brasileño incluyen las
actas reservadas y aprobadas en esa conferencia con detalles nunca
conocidos aquí antes.
El impacto en Brasil se comprende debido a que
entre otras cosas, los papeles prueban la participación protagónica
de este país, en forma institucional,. en lo que fue la gestación de
la Operación Cóndor, que hasta ahora se atribuía exclusivamente, a
la temible agencia de inteligencia chilena DINA, dirigida por Manuel
Contreras a las órdenes de Augusto Pinochet. En cuanto a la vigencia
del Cóndor, los documentos que estudian los legisladores sostienen
que habría operado hasta 1989. En ese año se registró un caso de
detención de dos jóvenes argentinos en el Aeropuerto Internacional
del Galeao en Río de Janeiro, que fueron trasladados a las
dependencias de la Policía Federal de la capital carioca. Eran
Fernando Falco, de 19 años, a quien se sindicaba como miembro del
Movimiento Todos por la Patria, sospechado del copamiento a La
Tablada. Y otro joven de nombre Damián (el apellido sería Murat).
Ambos estaban amparados bajo el estatuto de refugiados políticos de
la ONU. Había democracia y legalidad en los dos países.
Sin embargo,
la detención no fue registrada y fueron interrogados por policías
federales argentinos, según relató a Clarín, el abogado Jair
Krichtke, abogado brasileño de los derechos humanos que llevó a la
Cámara de Diputados de este país semejante volumen de documentos.
En
cuanto a la Conferencia de los Ejércitos de América (CEA) de 1987,
cuyas actas reservadas fueron elevadas al presidente, se desprende que
había una intención de mantener vigente las actividades conjuntas
contra la subversión entre las fuerzas armadas y policiales de los países
del área.
De la lectura de las 222 páginas de los 15 acuerdos que se
firmaron en aquella reunión, aparecen al menos dos líneas de acción
centrales.
La primera está en el "anexo 13" de las actas.
Dice así: "El accionar sin fronteras del MCI (Movimiento
Comunista Internacional) y su estrategia totalizadora permite inferir
que la respuesta debe ser ejecutada por todos los países americanos
que sufren la agresión, a través de modos de acción coordinados
entre sus gobiernos" y proponen "acuerdos que permitan ejecutar
operaciones de cooperación mutua antisubvesivas, para evitar que
grupos subversivos se trasladen de un país a otro"
Acuerda, también, "materializar el planeamiento combinado para
resolver conceptos, marcos de ejecución y la participación de los
ejércitos en operaciones contrasubversivas". Se decide dar
"énfasis a los cursos de lucha antisubversiva, fortaleciendo
además los convenios existentes". Y finalmente, lo que
sorprendió a los diputados brasileños, abogados de DD.HH. y
organismos judiciales brasileños, es el planteo para una "activación
y rápida implementación de la Gran Central de Inteligencia".
En esa cita de 1987, estuvieron varios argentinos como máximas
autoridades militares. Hoy están en retiro. Entre los más importantes:
el jefe del Estado Mayor General del Ejército general José Dante
Caridi y su subjefe, general Miguel Abbáte.
La lista de los signatarios de los 15 acuerdos de la conferencia
incluye además a los comandantes militares de Chile, Brasil,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Bolivia, Perú,
Uruguay, Venezuela y EE.UU.
Otros nombres son más sorprendentes hoy. Estaban el general panameño
Manuel Antonio Noriega, quien terminó condenado, en una cárcel
estadounidense, a perpetua por narcotraficante, y quien fue el primer
presidente democrático del Paraguay, el general Andrés Rodríguez,
autor dos años después del golpe contra su consuegro el dictador
Alfredo Stroessner.
Desde el punto de vista de los legisladores brasileños no hay dudas.
Tanto Rolim, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara Federal de Diputados, como de Nilmario Miranda, diputado
federal de esa comisión, esos documentos muestran "un temario
que ilustra que los jefes militares americanos se reunían para
revalidar la doctrina de seguridad nacional".
Para el abogado argentino Ricardo Monner Sanz que representa a los
familiares de una de las víctimas de 1980, Lorenzo Ismael Viñas,
detenido y desaparecido en Uruguayana, ciudad brasileña limítrofe
con la Argentina, "esta conferencia infringe la Ley de Defensa de
la Democracia (la 23.077 de julio de 1987) y el decreto del 15 de
diciembre de 1983 que suponía sepultar la doctrina de seguridad
nacional".-¿Qué acciones pueden derivar de estos documentos?,
preguntó Clarín.
-Una vez que tengamos todo el texto en las manos, habrá que ver
si corresponde alguna acción legal. Es evidente que el comando del
Ejército argentino de entonces quedó implicado en conductas que
pueden ser vistas desde un desconocimiento absoluto del poder
civil.
Kritchke, el abogado brasileño de los derechos humanos fue conciso:
"Este era, ya en democracia en el Brasil, un tratado
internacional. Pero jamás fue sometido a la ratificación del
Parlamento. Desde ese lugar, esa conferencia es absolutamente ilegal.
